La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, uno de los denominados "Chapitos", ha abierto una ventana inusual a las complejas y violentas dinámicas internas de la delincuencia organizada transnacional. El documento presentado ante la Corte del Norte de Illinois describe un plan meticuloso para forzar la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada, conocido en los documentos como "Individuo A", en un intento desesperado por negociar beneficios con el Departamento de Justicia de EE. UU.
El secuestro se orquestó en Sinaloa, México, un estado clave en la región del Pacífico. Guzmán López atrajo al "Individuo A" a una reunión antes del 25 de julio de 2024, alegando la necesidad de resolver un "desacuerdo". El elemento clave de la operación fue la preparación de la escena: Guzmán López había retirado discretamente el vidrio de una ventana de piso a techo en el cuarto privado donde se llevaría a cabo el encuentro.
La secuencia de la captura, tal como se detalla en el expediente, ocurrió el 25 de julio de 2024. Tras cerrarse la puerta, hombres armados a su servicio, coordinados por Guzmán López, ingresaron por la ventana para inmovilizar a la víctima, colocándole esposas y una bolsa en la cabeza. El traslado inicial fue en una camioneta pickup, que condujo por un corto trayecto hasta una pista de aterrizaje clandestina, un detalle que subraya la infraestructura logística que estas redes mantienen en el territorio mexicano.
"El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos. Después de que el avión despegó, GUZMÁN LÓPEZ preparó una bebida con sedantes, de la cual él mismo bebió una parte y otra parte se la dio al Individuo A."
El vuelo despegó desde México y aterrizó en Nuevo México, Estados Unidos, completando una entrega ilegal y no autorizada. Guzmán López admitió que el propósito era obtener "crédito por cooperación" para él y su hermano, pero el Gobierno de los Estados Unidos fue enfático al declarar que no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro, y confirmó que no se otorgará ningún beneficio de cooperación por esta acción.
Consultamos a analistas para entender el asunto. La Dra. Elena Sotelo, especialista en Seguridad Nacional y Derecho Penal Internacional, explicó: "Esta maniobra es un claro ejemplo de la lucha de poder interna. Al intentar entregar a un líder histórico, Guzmán López buscaba una reducción de penas, pero las autoridades estadounidenses, al rechazar el crédito, envían un mensaje claro: la colaboración debe ser legal y legítima. El secuestro en sí mismo es un delito grave, independientemente de la identidad de la víctima."
Este medio conversó con ciudadanos para conocer sus opiniones en la Ciudad de México, capital del país. La complejidad del caso generó un sentimiento de preocupación por la seguridad ciudadana y la impunidad percibida. El Sr. Roberto Cárdenas, jubilado de la capital, comentó: "Es impresionante que estas personas puedan hacer estas cosas y viajar de un país a otro con tanta facilidad. Lo que queremos es que las autoridades trabajen para que nosotros, la gente de bien, vivamos con tranquilidad y paz social, sin estos dramas."
La joven estudiante Alma Solís, residente de la Ciudad de México, agregó: "Esperamos que la justicia en Estados Unidos no solo condene a esta persona por el secuestro, sino por todos los daños que el narcotráfico genera a las comunidades, especialmente con la distribución de drogas ilegales que afecta a la juventud. El enfoque debe estar en combatir la corrupción y fortalecer las oportunidades de educación para que los jóvenes no caigan en estas redes."
Guzmán López se declaró culpable de un cargo que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, lo que marca un precedente importante en la persecución de miembros de alto perfil del crimen organizado.
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