En el marco de una investigación por el presunto delito de asociación ilícita, autoridades judiciales y fuerzas de seguridad ejecutaron una serie de intervenciones en la ciudad de Guayaquil, logrando la aprehensión de 12 integrantes de la institución policial, entre los cuales figuran diez agentes en servicio activo y dos en servicio pasivo.
De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público, la red es investigada por la presunta manipulación de evidencias que se encontraban bajo custodia policial, así como por la sustracción y comercialización ilegal de vehículos y autopartes desde los patios de retención vehicular.
Las acciones operativas abarcaron un total de 16 allanamientos ejecutados en sectores estratégicos de la ciudad, tales como La FAE, La Pradera, Vergeles, Alborada y diversos bloques multifamiliares de la Policía.
Según lo reportado por la Fiscalía, durante las diligencias se incautaron los siguientes elementos de convicción que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes:
- - Teléfonos celulares
- - Documentación relacionada con el caso
- - Otras evidencias materiales
Este operativo contra servidores policiales en servicio activo se produce un día después de que se difundiera el caso de un agente de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), quien admitió haber hurtado aproximadamente USD 6.000 durante la diligencia de levantamiento de un cadáver en Quito.
De acuerdo con los reportes institucionales, sus propios compañeros lo interceptaron tras el hecho, momento en el cual el policía reconoció haber tomado el dinero aduciendo una urgente necesidad familiar. El uniformado confesó que había ocultado los billetes debajo del asiento de la patrulla que conducía, por lo que fue aprehendido e ingresó a prisión preventiva.
Asimismo, el Ministerio Público recordó que en agosto pasado otro servidor de la institución fue procesado por el presunto delito de oferta de realizar tráfico de influencias.
En ese antecedente, un teniente fue señalado por presuntamente cobrar hasta USD 3.000 por gestionar pases y traslados dentro de la entidad policial. Las investigaciones determinaron que el agente utilizaba cerca de 30 grupos en la plataforma WhatsApp para contactar a unos 900 policías y ofrecerles dichos servicios irregulares.
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