La tensión en Michoacán aumenta tras un incidente ocurrido en el Palacio de Gobierno de Morelia, donde la Guardia Civil actuó de manera agresiva contra manifestantes. El hecho fue documentado por la periodista Dalia Villegas, quien denunció ser impedida por el secretario de Seguridad Pública del estado para realizar su labor informativa.
Este suceso se enmarca en un contexto de creciente violencia en la región, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, durante una celebración del Día de Muertos. Manzo, conocido por su postura dura contra el crimen organizado, había solicitado apoyo federal sin recibir respuesta. El crimen generó indignación en la comunidad, lo que desencadenó marchas y protestas en todo el estado.
Las reacciones en las redes sociales, especialmente en X, han destacado la contradicción en la respuesta del gobierno: mientras que no se logra proteger a figuras políticas como Manzo, se hace uso de fuerza para sofocar las protestas ciudadanas y la cobertura mediática. Expertos en seguridad y derechos humanos han señalado que este tipo de incidentes pone en duda el compromiso del gobierno con la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
“Lo que estamos viendo es una vez más la represión de una población que exige justicia, mientras las autoridades no actúan de manera eficaz ante las amenazas reales”, dijo uno de los analistas consultados por este medio.
Nuestra redacción recabó testimonios de ciudadanos que se manifestaron preocupados por el aumento de la represión y la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades. "El gobierno no nos protege, pero nos reprime si salimos a exigir justicia", comentó uno de los manifestantes durante una de las protestas en Morelia.
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